“Estamos mostrando la punta del iceberg, pero reposan en poder del alto mando político de la revolución bolivariana una gran cantidad de correos electrónicos sujetos a investigación criminal que involucran de forma directa a sectores de la ultraderecha venezolana”. Tras pronunciar estas palabras el pasado 28 de mayo, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, mostró a través de la estatal Venezolana de Televisión siete mensajes que supuestamente probaban el más reciente plan urdido por “la ultraderecha venezolana” para derrocar y asesinar al presidente, Nicolás Maduro. Acto seguido, la Fiscalía local citó a los supuestos implicados y Maduro pidió públicamente su captura por parte de Interpol. Pero esta semana, a petición de uno de los acusados, la compañía Google ha certificado ante un tribunal federal de Estados Unidos que tales correos nunca salieron de sus servidores y que, en consecuencia, fueron falsificados.

El nombre de Pedro Mario Burelli —exasesor externo de la estatal Petróleos de Venezuela, residente en Estados Unidos desde hace más de una década— estaba entre la media docena de opositores señalados por el alcalde Rodríguez por intercambiar correspondencia para planear actos de violencia en Venezuela, con estos objetivos en mente: “Sacar al Gobierno constitucional del poder, asesinar al presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro; crear un baño de sangre, que se instalara la violencia, y que eventualmente una injerencia extranjera entrara”. Uno de los mensajes atribuidos a Burelli y leídos en directo durante un acto del partido oficialista dice: “Vamos por todo y con todo, contra todo. Contamos con el departamento, la embajada y ahorita vienen las sanciones desde el Senado. (…) Tomemos como nos corresponder las calles del país, incluidas las de Palacio (de Gobierno), y cerquemos a ese hijo de puta”.

Por frases como ésta, la Fiscalía General de Venezuela dictó una orden de aprehensión contra Burelli, el exembajador Diego Arria y el abogado Ricardo Koesling; y fueron citados a declarar como sospechosos la exdiputada María Corina Machado y el exgobernador Henrique Salas Römer. El 12 de junio, el presidente Maduro dijo además haber ordenado la captura internacional de Burelli, Arria y Koesling, pero su anuncio nunca fue formalizado a través de Interpol. La Cancillería venezolana también publicó un informe con el contenido de estos mensajes bajo el título Develado Golpe de Estado y magnicidio en Venezuela, que repartió en sus embajadas, en inglés y en español.

Desde el mismo momento de la acusación, Burelli negó la autenticidad de los mensajes y demandó ante un tribunal federal de California que Google certificara si estos correos habían sido enviados a través de su servidor. La información suministrada por Google fue analizada, a su vez, por la empresa auditora Kivu Consulting, que llegó a las siguientes conclusiones, en un texto entregado a los tribunales: “Los emails en el Informe del Gobierno Venezolano claramente son montajes y no reflejan verdaderas capturas de pantalla. Los registros verificados provenientes de Google no demuestran prueba alguna de que estos emails jamás hayan existido. Los registros verificados provenientes de Google confirman que existe un email del 2011 que contiene líneas de texto que son idénticas a las de un presunto email del 2013 del Informe del Gobierno Venezolano”.

“Aunque la carga de la prueba recae en el acusador, inicié las medidas para llegar donde estamos hoy. Esos emails fueron inventados, y apostaría que el caso es el mismo para los otros cuatro correos electrónicos utilizados para vilipendiar y perseguir a un grupo de venezolanos que critican al Gobierno de Maduro”, aseguró este jueves a EL PAÍS Pedro Burelli. “Estoy haciendo esto porque vivo fuera, puedo recurrir a una instancia que me puede ayudar a defenderme, conozco cómo funciona la tecnología y estoy dispuesto a invertir dinero y tiempo para limpiar mi nombre. ¿Pero cuánta gente está presa ahora en Venezuela o se ha tenido que ir del país o está aterrada porque han utilizado en su contra mentiras de las cuales no tienen manera de defenderse?”, se preguntó el funcionario de la estatal petrolera Pdvsa.

El alcalde Jorge Rodríguez había respondido a las dudas que despertó su denuncia entre la opinión pública venezolana diciendo que la Fiscalía General de la República contaba con los elementos que dan “valor probatorio” a estos mensajes. Sin embargo, ni el Gobierno ni el Ministerio Público han aportado más datos sobre la investigación, como ha ocurrido en el pasado con casos similares.

Aún desde antes de asumir la presidencia de Venezuela, Nicolás Maduro ha denunciado más de una decena de complots para asesinarle. En abril de 2013, en plena campaña presidencial, aseguró que su principal rival, el opositor Henrique Capriles, había reclutado a dos “grupos de mercenarios” en El Salvador para dispararle. Un mes después, dijo que el expresidente colombiano Álvaro Uribe había enviado a Venezuela a un grupo de “paramilitares” con el mismo propósito. Lo mismo hizo su antecesor, el fallecido Hugo Chávez, en más de 60 ocasiones.

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